Karem Roca, Miriam Morales, Richard Cisneros y Oscar Vásquez. (El Comercio)
Cuando parecía que el tema de ‘Richard Swing’ empezaba a olvidarse, el viernes muy temprano pudimos ver en todos los canales de televisión la detención preliminar de estos personajes pertenecientes al entorno del presidente Martín Vizcarra. Estas intervenciones, dispuestas por el Poder Judicial, sin duda, colocan un manto de duda respecto a la forma cómo se han venido tomando decisiones en las altas esferas del poder. Con ello, el ‘Caso Swing’ le está generando mayores problemas al jefe de Estado, quien desde el primer momento había levantado la bandera de lucha contra la corrupción.
La decisión de las instancias judiciales (el Ministerio Público que realiza las investigaciones y el Poder Judicial que ordena las detenciones) demuestra, así mismo, que en un Estado de derecho nadie puede estar al margen de la ley y el control, y todos estamos obligados a responder y aclarar las dudas o acusaciones que pudieran existir.
Ahora, en el programa ABC Fiscal del Ministerio Público, se describe la normativa, detención preliminar, como "una medida excepcional y provisional que sirve para restringir o privar la libertad de un investigado o denunciado para asegurar su permanencia en los actos de investigación o en diligencias urgentes y necesarias".
Si bien, la detención preliminar de los exfuncionarios de Palacio de Gobierno y del Ministerio de Cultura (Mincul) ha sido considerada como una medida excesiva por el propio presidente y diversos juristas, se espera que las autoridades judiciales evalúen caso por caso y dispongan en los próximos días lo que corresponda de acuerdo con la ley.
Por otro lado, ayer el presidente brindó una entrevista a un canal de señal abierta; esto tras ser criticado durante la semana en una de sus conferencias por no responder a los medios de comunicación; y manifestó claramente que ningún detenido en el caso iba a tener alguna responsabilidad, debido a que considera no hay acto ilegal en todo este enredo, ¿Entonces?, la medida dispuesta y las investigaciones a realizar serían en vano.
Algo si es claro, en un país donde la corrupción ha golpeado las entrañas del Estado, todas las denuncias de imputaciones deben ser aclaradas y si existieran delitos comprobados, los responsables de estos deben asumir las consecuencias de sus actos.